El Sistema Nacional de Protección debe garantizar el aumento de las capacidades técnicas de las instancias que están a cargo de la protección de la niñez y adolescencia, y ello se debe concretar en acciones de prevención, coordinación para la detección, registro, derivación, atención y restitución.

Por ello, este nivel se define como el conjunto de instituciones, actores  sociales, políticas, principios y normas existentes en el país, que coordinan procesos y medidas que se llevan a cabo para garantizar la prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia y la restitución de sus derechos teniendo en cuenta su opinión, identidad, edad y género.

La protección especial de la niñez a nivel nacional ha de estar organizada principalmente para prevenir que la violencia llegue a las niñas, niños y adolescentes. Esto significa, que las instituciones del Estado, así como el sector privado y sociedad civil organizada, deben articularse y organizarse para generar líneas comunes de acción y prevenir la violencia desde sus mandatos específicos.